El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, dos instrumentos que servirán de refuerzo a la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la pobreza y la exclusión. “Es un reconocimiento que las organizaciones sociales somos un agente social a la altura de los sindicatos y la Patronal, un sector clave para el desarrollo del país que debe ser escuchado”, reconoce el presidente de Patim, Francisco López y Segarra. Durante el debate parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, los principales grupos de la oposición han achacado al Gobierno que estas normativas, que fueron aprobadas en marzo en el Consejo de Ministros, son "insuficientes" para el sector, además de que "invaden competencias" autonómicas. También se limita la participación como voluntarias de las personas condenadas por determinados delitos.
La aprobación de las dos normas, que responde a una antigua demanda de las organizaciones sociales, apoyará la labor diaria de una sociedad civil organizada que representa actualmente a más de 30.000 organizaciones no lucrativas y a unos 5 millones de personas voluntarias. Más allá de las distintas coyunturas históricas, políticas o socioeconómicas, el sector contará a partir de ahora con un marco estable que reconoce su labor activa en favor del desarrollo del Estado. La norma busca “establecer un marco regulatorio, a nivel estatal, que ampare a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, de acuerdo con el papel que deben desempeñar en la sociedad y los retos que han de acometer las políticas de inclusión”, explica López y Segarra.
Desde la Plataforma del Voluntariado de España apuntan que la Ley del Tercer Sector de Acción Social “es la primera norma hecha por y para el sector”, y entre otras cuestiones, impulsa la regulación por vía reglamentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, y la Comisión de Diálogo Civil, órganos que estarán adscritos a la Administración General del Estado a través del Ministerio competente en asuntos sociales, y que supondrán el espacio de diálogo, asesoramiento y trabajo conjunto de las organizaciones de acción social y de la Plataforma del Tercer Sector con el Gobierno para la legislación en materia social.
La aprobación de esta ley supone también la concesión de 10,5 millones de euros en subvenciones directas a las casi 40 ONG de ámbito estatal para sus gastos corrientes porque si no éstas se verán abocadas al paro, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para este año. Una medida que ha sido criticada por la oposición que no comparte estas “subvenciones nominativas”. Por ejemplo, fija 105.000 euros a la Fundación Víctimas del Terrorismo; 1,45 millones de euros a Cruz Roja Española; otros 850.272 a Cáritas Española; a la Fundación Acción Contra el Hambre con otros 70.000 euros; o a la Plataforma de ONG acción social con 652.858, entre otras. “Se trata de una medida de carácter pasajero”, advierte el presidente de Patim, consciente de la necesidad de esta medida pero defensor de que “la propia evolución del sector termine las formas de financiación propias, autonómicas y estatales”.
Limitaciones en el voluntariado
La Ley del Voluntariado promete dar respuesta a las actuales necesidades que plantea el sector y en su elaboración han participado la mayor parte de las organizaciones sociales. De la nueva norma cabe destacar su definición concreta del voluntariado, el papel que deben ocupar las empresas, universidades y administraciones públicas en el marco de la acción voluntaria o la existencia de hasta 9 ámbitos de voluntariado, además del social. “El voluntariado es la mayor característica de las entidades del Tercer Sector”, sentencia López y Segarra.
Entre las principales novedades que introduce esta nueva normativa destaca que se impide que las personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, terrorismo o violencia de género, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas puedan ser voluntarias. Al mismo tiempo, autoriza a los profesionales del Sistema Nacional de Salud a disfrutar de un permiso para colaborar en emergencias humanitarias y además se amplía la promoción de medidas de reducción de jornada o la posibilidad de adaptación de la jornada laboral para la acción del voluntariado, siempre que haya acuerdo con la negociación colectiva.
Los principales grupos de la oposición han destacado que “una vez más se produce una invasión de competencias a las comunidades autónomas” y que “el voluntariado no puede suponer una amortización de puestos de trabajo”.
