La Federación Andaluza ENLACE quiere mostrar su profunda preocupación por la incidencia que van a tener la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en las personas con problemas de drogodependencias y adicciones. En este sentido, ENLACE y UNAD han realizado una serie de propuestas urgentes encaminadas a mejorar ambos textos legales.

Ambas plataformas trasladarán sus propuestas a todos los grupos parlamentarios a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. Se ha preparado un paquete de mejoras a los textos en trámite centradas, principalmente, en amortiguar el endurecimiento de los delitos patrimoniales y en la aplicación de alternativas terapéuticas a la prisión o la sanción administrativa, para garantizar que las personas con problemas de adicciones puedan ver sustituidos sus castigos por tratamientos de rehabilitación.

 

Según ENLACE, la reforma del Código Penal traerá consecuencias muy negativas a las personas con problemas de adicciones ya que se trata de una decisión regresiva en su conjunto, que no favorece en absoluto la resocialización. “No entendemos por qué el proyecto se ensaña con un aumento generalizado del castigo si la delincuencia común no deja de bajar”, afirma su presidente. En el caso de los delitos patrimoniales, advierten que hay que intervenir en las causas que los generan para reducir su incidencia, como son “la pobreza, la exclusión social, la ausencia de formación, el desempleo, las adicciones o la enfermedad mental”.

Las entidades que forman parte de ENLACE apuestan por ofrecer alternativas de cambio a quienes sufren adicciones, y éstas no pasan por la prisión o el castigo sin más. “En un momento dado nadie está libre de pasar un mal bache en la vida y es justo esperar que la sociedad nos ofrecerá alguna oportunidad de mejorar y salir de las situaciones difíciles”, afirman.

ENLACE es la mayor ONG autonómica dedicada a la atención de las drogodependencias y está integrada por más de 100 entidades repartidas por las ocho provincias andaluzas, que desarrollan programas de prevención y atención de los que se benefician alrededor de 100.000 personas al año.