La Generalitat Valenciana lleva varios meses sin convocar subvenciones para desarrollar actuaciones de formación e inserción laboral dirigidas a los colectivos en riesgo de exclusión social. Durante el último año casi han desaparecido todos los programas –gestionados por ONG- encaminados a mejorar la empleabilidad de estas personas así como algunos servicios públicos específicos en intermediación laboral. Las oportunidades de encontrar un empleo para quien está en un programa de tratamiento de adicciones o sale de prisión se han reducido de forma drástica, condicionando su proceso de incorporación a una vida normalizada. “Si no potenciamos su empleabilidad les estamos mandando el mensaje de que no tienen un espacio en nuestra sociedad, ni siquiera en las colas del paro”, advierte el presidente de Patim, Francisco López, pero también “les decimos que tienen que buscarse la vida de cualquier modo”.
Las personas con un elevado nivel de desestructuración necesitan programas intermedios de capacitación y adquisición de hábitos sociales y laborales para favorecer su recuperación e incorporación social. De ahí que los recortes en necesidades básicas como empleo y formación contribuyan a “generar inestabilidad” en estos colectivos. López y Segarra, sociólogo y criminólogo, considera que las consecuencias de esta “irresponsabilidad” ya se están dejando ver en la calle. “Si no se reconstruyen los puentes hacia el mercado de trabajo, la conflictividad social seguirá aumentando”, explica.
El margen de maniobra de muchas ONG está condicionado por la deuda que arrastran con la Conselleria de Empleo, que no ha abonado la dotación consignada a los programas que se han llevado a cabo en los últimos ejercicios. La Generalitat todavía no ha pagado a Patim 91.064,82 euros por los programas y talleres formativos realizados en 2011 y 2012 en Castellón. Varias de estas actuaciones (TFIL y OPEA) están cofinanciadas por fondos de la Unión Europea.
La falta de financiación ha hecho que el número de casos atendidos por el Servicio de Integración Laboral de Patim se haya reducido un 90% durante el último año. “No podemos permitir una brecha en el empleo que siga engordando el desempleo estructural”, concluye el presidente de esta entidad declarada de utilidad pública.
La deuda total que las distintas administraciones públicas mantienen con Patim en la actualidad asciende a 143.804 euros.
