La actual política de la Administración valenciana representa un grave retroceso del estado del bienestar y de las políticas de cohesión social implantadas durante las tres últimas décadas en España. En los últimos 30 años, las ONG de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo hemos formado parte de las estructuras primarias de la solidaridad y los servicios sociales y reivindicamos los derechos de los colectivos más desfavorecidos. El Estado y el Consell incumplen ahora el pacto social establecido a través de diferentes normativas y documentos legislativos, lo incumplen al no garantizar derechos sociales conquistados y al no facilitar las ayudas necesarias para que las ONG suplan ese vacío de las administraciones con las personas más vulnerables. Una situación que abordamos en este manifiesto del Tercer Sector de Acción Social y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Valenciana.

El trabajo de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo ha reducido desigualdades y exclusión y contribuye a la cohesión, también en los países empobrecidos. Muestra de ello son las cerca de 1.300.000 personas que sólo en la Comunitat Valenciana se benefician de alguno de los servicios y programas que llevan a cabo estas entidades. Un 25% de la población valenciana percibe anualmente servicios sociales básicos. Asimismo, más de 800 organizaciones llevan a cabo labores de acción social y cooperación al desarrollo y unas 200.000 personas realizan regularmente tareas de voluntariado en estas ONG de nuestra Comunitat.

Por todo ello, las organizaciones sociales denunciamos el importante deterioro social y un aumento considerable de la pobreza, que afecta ya al 25% de las personas residentes en la Comunitat Valenciana. Personas y familias que antes se encontraban integradas se ven obligadas a acudir a la ayuda de las ONG para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, consideramos indigno el recorte presupuestario en Cooperación al Desarrollo. La Generalitat Valenciana tiene establecido por Ley dedicar un 0’7% de los presupuestos para la lucha contra la pobreza y el hambre en los países estructuralmente empobrecidos, y actualmente destina un 0’09% para tales fines, acumulando una reducción del 78% en los últimos tres años.

Ante estos hechos, diez grandes redes de Acción Social y Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana nos hemos reunido para plantear una acción conjunta en respuesta a lo que consideramos un ataque al sistema de protección social del estado del bienestar y, en consecuencia, la amenaza a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y de forma particular de las personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social.

El desmantelamiento del sistema de protección en la Comunitat Valenciana se produce por varios factores, entre los que destacan la falta de liquidez de la Administración que está generando una deuda con una parte importante de organizaciones, la ausencia de interlocución, los recortes presupuestarios, la supresión de recursos asistenciales y la privatización y cambios en las formas de contratación de servicios sociales y sanitarios públicos prestados por las ONG. Además, queremos destacar que el trabajo llevado a cabo por las ONG viene avalado por la profesionalidad y la calidad en las intervenciones, la optimización de recursos y la trayectoria histórica como piezas clave en el sector.

Las entidades observamos que el objetivo que subyace en este ataque al sistema de protección social en la Comunitat Valenciana es la privatización de la solidaridad y la eliminación de la acción reivindicativa de las ONG.

Ante esta situación, las redes abajo firmantes consideramos prioritario establecer líneas de acción conjuntas para asegurar la protección de los colectivos más vulnerables y la pervivencia del Tercer Sector de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo como movimiento ciudadano con capacidad de incidencia y garante del derecho a la participación.

OBJETIVO:

Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos ante la actual situación de crisis que afecta a las estructuras de solidaridad creadas por el Tercer Sector de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo, y en particular garantizar los derechos de los colectivos atendidos por las ONG de acción social y de cooperación al desarrollo. Estos derechos se han de proteger por encima de la pervivencia del sector y de las propias entidades.

REIVINDICAMOS:

El Tercer Sector de Acción Social y la Cooperación al Desarrollo como movimiento ciudadano que se compromete a mantener su actuación pese a la falta de apoyo de las administraciones públicas.

El trabajo de las ONG de acción social y de cooperación al desarrollo como optimizadoras de recursos económicos (avaladas por su trayectoria), con grandes profesionales y que aportan el valor añadido de la participación ciudadana.

El trabajo de las ONG de desarrollo para la erradicación de la pobreza en los países empobrecidos. Se trata de actuar por la dignidad humana ante el aumento del hambre, la pobreza y las desigualdades derivadas del actual sistema de libre mercado, que afecta sobre manera a los países del Sur.

EXIGIMOS: El cumplimiento de las promesas electorales, las leyes, acuerdos y planes firmados en lo concerniente a las ONG y ONGD. Concretar el pago de la deuda de las Administraciones públicas con las ONG y que ésto no se utilice como mecanismo para la privatización de la solidaridad y de la prestación de servicios sociales. Crear mecanismos de interlocución con las administraciones públicas para asegurar la protección a los colectivos más vulnerables y el compromiso de las entidades de acción social y cooperación al desarrollo. REDES ADHERIDAS: CALCSICOVA, CERMI, COCEMFE CV, COLEGIO DE DIPLOMADOS DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA CV, COORDINADORA DE ONGD´S, EAPN, FEVAFA, MESA DE SOLIDARITAT AMB ELS INMIGRANTS, PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA CV.


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